Perseo _{Revista electrónica del PUDH}

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre), es oportuno recordar que el estatus que guardan los derechos fundamentales en nuestro orden constitucional es consecuencia de un largo proceso, en el que el tiempo ha permitido que, a partir del entendimiento de nuestra verdadera naturaleza como personas con una dignidad común, inherente a nuestra condición humana, se propicie y consolide, en forma gradual, una toma de conciencia sobre los derechos humanos. Conforme a esta noción, todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a una misma protección y garantía ante la misma; toda persona, sin distinción de ningún tipo, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos humanos.

La idea de igualdad nos plantea que todos los miembros de la sociedad tienen iguales derechos humanos, que incluyen derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Ello implica, entre otros aspectos, el derecho a no ser víctima de discriminación por razones de discapacidad, raza, color de piel, sexo, preferencia u orientación sexual, idioma, creencias, o de cualquier otra índole. Los mismos derechos se reconocen para todas las personas y su ejercicio debe verse sujeto a las mismas condiciones.

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México es un país de grandes retos. Cada día enfrentamos situaciones que nos obligan a implementar nuevos y mejores mecanismos para hacer efectivos los derechos humanos y fortalecer la paz, la seguridad, la democracia, la pluralidad y el Estado de derecho. En ese escenario, la articulación entre instancias públicas resulta crucial para responder de manera más efectiva a las legítimas demandas de la sociedad. Se requiere una decidida voluntad y compromiso político para sumar esfuerzos y trabajar desde una óptica renovada en la que la dignidad de las personas y la realización plena de sus derechos son la máxima prioridad.

La Universidad Nacional como institución de educación superior en la que convergen la pluralidad de ideas, pensamientos y formas de ser, contribuye día con día con su labor de enseñanza, investigación y difusión al respeto de la dignidad humana como condición sine qua non para lograr el ejercicio pleno de las libertades y derechos.

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Las niñas y las adolescentes poseen una enorme capacidad transformadora que genera impactos positivos en su desarrollo personal, en sus familias y en sus comunidades, los cuales indudablemente contribuyen al progreso de la sociedad mexicana en su conjunto. Los valores, conocimientos, habilidades y experiencias que adquieran durante la niñez las habilitarán para, progresivamente, tomar decisiones autónomas encaminadas a emprender y consolidar todos sus proyectos de autorrealización en condiciones de igualdad respecto a los demás sectores de la población.

Para posibilitar que niñas y adolescentes desplieguen su máximo potencial, es indispensable que el Estado y los sectores social y privado, respeten, promuevan, protejan y garanticen el acceso y ejercicio pleno de sus derechos humanos, teniendo siempre como base de su actuación, el interés superior de la niñez y adolescencia e incorporando un enfoque diferenciado que valore la diversidad de identidades, vivencias y opiniones de cada una de ellas, de acuerdo a su edad, la zona geográfica en que residen, los roles de género que imperan en su comunidad, así como su condición de salud o socioeconómica de sus familias.

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El regreso a clases y la recuperación psicosocial de niñas, niños y adolecentes

En el mes marzo de 2021, ChildFund México -una organización internacional especializada en temas de niñez- y el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) unieron esfuerzos para la implementación -en el mayor número de entidades federativas- de un programa denominado “Intervención psicoeducativa para la recuperación psicosocial de niñas, niños y adolescentes afectados por covdid-19, -conocido como “Colección de Apapachos-”, al momento en que regresaran a las aulas escolares, es decir, un programa de reconexión a su entorno escolar que se basa en la empatía, sensibilidad y trato que se debe generar con niñas, niños y adolescentes, a fin de realizar una intervención sin daño y sin revictimizar. Ese momento llegó el pasado 30 de agosto cuando, 17 meses después de la suspensión de clases presenciales, niñas, niños y adolescentes regresaron a las aulas, algunos de manera presencial y otros virtualmente.

El objetivo general del programa es desarrollar actividades que contribuyan en la recuperación psicosocial de la niñez y adolescencia a nivel emocional y social derivado del confinamiento por la emergencia sanitaria por COVID19 en México. No se trata de un programa de atención terapéutica, sino de una intervención psicoeducativa para la recuperación psicosocial, entre cuyos objetivos específicos se encuentran: i) brindar herramientas y recursos a las y los educadores para que puedan acompañar y ayudar a niñas, niños y adolescentes a reconocer, comprender y saber gestionar sus emociones de la mejor manera; ii) ofrecer oportunidades a niñas, niños y adolescentes para que expresen sus emociones, así como las sensaciones corporales, pensamientos y acciones que siempre acompañan estas emociones, es decir, generar espacios de reflexión donde expresen sus emociones; iii) disminuir los niveles de estrés negativo que pudieran haber experimentado o estar experimentando debido a la ruptura de su principal entorno de socialización: la escuela; iv) prevenir alteraciones de salud mental, como la ansiedad, adicciones a la tecnología y problemas de sociabilidad en NNA, y v) proporcionar herramientas psicoeducativas para contener una crisis emocional y ayudar a niñas, niños y adolescentes en la recuperación psicosocial.

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Persistencia del flagelo de la desaparición de personas

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró, en diciembre de 2010, el 30 de agosto “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”. Esta efeméride en el calendario del sistema internacional de los derechos humanos pretende visibilizar la problemática existente en materia de desapariciones en diversos Estados nacionales, entre ellos, lamentablemente el Estado mexicano, al mismo tiempo de fomentar la solidaridad y la acción concertada de la sociedad civil y las instituciones del Estado y de gobierno en el reconocimiento de la dimensión de esta problemática y en la implementación de las acciones de investigación, búsqueda y localización de personas desaparecidas, sanción a los responsables e identificación forense de restos óseos encontrados en fosas clandestinas.

Este día es, por una parte, un momento para recordar solemnemente y solidarizarnos con quienes han sido víctimas de esta práctica ignominiosa, contraria a la dignidad humana y que implica la negación absoluta de todos los derechos humanos. Pero también, es una fecha que confronta y que cuestiona.

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Justicia Penal para adolescentes desde la perspectiva de derechos humanos

El Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General número 20 emitida en 2016, señala que la adolescencia es una etapa en la vida de las personas caracterizada por crecientes oportunidades, capacidades, aspiraciones, energía y creatividad, pero también por un alto grado de vulnerabilidad. Las y los adolescentes son agentes de cambio, un activo y un recurso fundamental con potencial para contribuir positivamente a sus familias, comunidades y países.

No obstante, en la realidad las políticas públicas encaminadas a mejorar sus condiciones de vida con frecuencia excluyen a grupos poblacionales que enfrentan condiciones especiales de vulnerabilidad. Las omisiones y falta de efectividad de la actuación estatal en ese rubro, pueden generar un impacto negativo sobre las personas menores de edad en términos de seguridad emocional, salud, sexualidad, educación, aptitudes, resiliencia, y comprensión de los derechos, cuyas consecuencias no solo obstaculizan el desarrollo óptimo de la persona, sino también el desarrollo social y económico presente y futuro.

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Diversidad sexual y los derechos humanos

A partir de la reforma constitucional de junio de 2011, se reconocen los derechos humanos contenidos en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte, y por tanto, conjuntamente con los reconocidos en la Constitución General de la República constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional con el objetivo de fortalecer una sociedad donde prevalezca la igualdad de derechos, la justicia, la no discriminación, la equiparación de oportunidades y la dignidad para todas las personas en el país, sin importar, entre otros aspectos, la orientación sexual, la identidad o expresión de género.

Bajo este paradigma, cada 28 de junio, desde la década de los setenta, en distintas partes del mundo se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, efeméride que permite insistir en la importancia de sensibilizarse sobre los derechos humanos de las personas LGBTI y celebrar la diversidad sexual. En este sentido, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación para la Igualdad de Género extendió una invitación para que las entidades, dependencias y programas universitarios participen de forma voluntaria en las jornadas de la UNAM por la Semana del orgullo en la UNAM. Todos los amores, todos los derechos.

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El derecho de las familias a vivir sin violencia y el control jurisdiccional

Las familias son organizaciones dinámicas que se deben adaptar a los cambios demográficos, sociales y económicos presentes en la sociedad. El Estado, por su parte, tiene la obligación de implementar políticas públicas, acciones y programas para fortalecerlas; al interior de esa estructura social se debe atender y erradicar la violencia contra las niñas, las mujeres y las personas mayores y con discapacidad, a partir de reconocer en sus conformaciones la existencia de multiplicidad de grupos de personas unidas por vínculos y afectos diferentes al matrimonio.

Algunos datos recientes del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (https://www.gaceta.unam.mx/hay-17-diferentes-formas-de-familia/) muestran que en la sociedad mexicana existen diferentes tipos de familias, por ejemplo, las que están integradas por un papá, una mamá y los hijos e hijas; los hogares encabezados por madres o padres solteros (as); parejas sin hijos o hijas que han postergado su paternidad; unipersonales, con personas que viven solas; parejas del mismo sexo, y parejas reconstituidas que han tenido relaciones o matrimonios previos, al igual que hijos e hijas.

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ChildFund México y el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, firman Convenio de Colaboración para la implementación del programa Colección de Apapachos en el marco de un Convenio Marco entre ambas instituciones.

• “Intervención psicoeducativa para la recuperación psicosocial de niñas, niños y adolescentes afectados por Covid19”, es el nombre técnico que recibe este Programa.
• El Programa se enfoca en brindar herramientas y recursos a las y los educadores/facilitadores u otra persona que tenga el rol de educador, para ayudar a niños, niñas y adolescentes a su recuperación psicosocial tras los efectos del confinamiento por la pandemia.
• Colección de Apapachos propone un diagnóstico inicial y final, para conocer cómo niñas, niños y adolescentes se refieren a sus propias emociones, considerando la importancia del establecimiento de redes de referencia para la derivación a servicios especializados en salud mental en caso de requerirlo.
• Colección de Apapachos basa su propuesta de trabajo en el lenguaje universal de niñas, niños y adolescentes: el juego. En este sentido, se proponen actividades lúdicas en cada sesión considerando en las diferentes etapas del desarrollo.

Ciudad de México, 18 de marzo de 2021

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Distribución equitativa y oportuna de vacunas Covid-19. Un imperativo ético y de derechos humanos

La amenaza global que ha implicado la pandemia de la Covid-19 y que, desafortunadamente, seguirá representando en los tiempos inmediatos para la salud y el bienestar de las personas, se ha traducido en el lamentable deceso de miles de vidas y la afectación económica y social en un número importante de países y personas que, además, han enfrentado diversos obstáculos para el acceso a medicamentos y equipo médico para hacer frente a la situación de emergencia que se vive.

Para lidiar con esta crisis global pronto se vislumbró, por organismos internacionales y diversos Estados Nacionales, la necesidad de vacunas contra la Covid-19, lo que propició que líderes mundiales exhortaran a la comunidad científica a acelerar los diagnósticos y tratamientos de dicha patología; impulsar la investigación, desarrollo y fabricación de las vacunas Covid-19 y garantizar su acceso equitativo para todos los países del mundo, sin soslayar el compromiso de los gobiernos de fortalecer su infraestructura médica. La solución fue la colaboración para la generación del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, mejor conocido como COVAX por sus siglas en inglés (Covid-19 Vaccines Global Access), que constituye una alianza promovida por actores públicos (gobiernos y organismos internacionales) y el sector privado (fabricantes, científicos, organizaciones globales de salud y sociedad civil) con la finalidad de lograr, precisamente, un acceso equitativo a las vacunas que se produzcan contra el coronavirus, siendo uno de los pilares del acelerador de acceso a herramientas Covid-19 (ACT), que fue dado a conocer en abril de 2020 por la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea y Francia en respuesta a la pandemia.

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Doctor Héctor Fix-Zamudio, In Memoriam

En ocasión del lamentable y sensible fallecimiento del Doctor Héctor Fix-Zamudio (1924-2021), investigador emérito de la UNAM y ex-presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la revista Perseo del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) reproduce en este número un fragmento del mensaje que el maestro Luis Raúl González Pérez –actual coordinador del PUDH y entonces presidente de la CNDH– pronunció durante la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018, otorgado a tan ilustre jurista. Asimismo, se reproduce el texto que el Doctor Fix-Zamudio elaboró para un seminario internacional y libro conmemorativo del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948.

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Necesario fortalecimiento de la protección de los derechos humanos a partir de la actividad jurisdiccional

El Derecho es un instrumento de transformación social que aspira a realizar los valores máximos de justicia, igualdad, democracia y seguridad en beneficio de los integrantes de la sociedad; su desarrollo en el ámbito internacional a través de instrumentos declarativos o normativos de derechos humanos, son resultado del consenso entre Estados Nacionales que comparten su compromiso con el bienestar de su población, sabedores de la complejidad y abundancia de las interacciones humanas en el entorno global del Siglo XXI.

El paradigma de los derechos humanos, base de nuestro sistema jurídico y fortalecido a partir de la reforma constitucional de 2011, exige la realización de acciones concretas de los poderes públicos que posibiliten el desarrollo integral de las prerrogativas inherentes a la persona, de manera que todas cuenten con idénticas oportunidades de conducirse conforme a sus convicciones, valores y aspiraciones, y realizar sus proyectos de vida.

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