Archivo del Autor: Luis de la Barreda Solórzano

La verdad sin sesgos

La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa es un impresionante documento de ¡2,178 páginas!, producto del trabajo escrupuloso de la oficina encabezada por José Larrieta, creada específicamente para el caso. Es obvio que casi nadie la ha leído. Las notas de prensa omiten o tergiversan puntos del mayor interés. Extrañamente, la CNDH no ha emitido un boletín que destaque los aspectos principales. Las recomendaciones deben tener la mayor difusión, y tratándose de un documento de tal extensión la conferencia de prensa es insuficiente para que la conozca la opinión pública.

            Quizá lo más importante de la recomendación es que no se han analizado todos los restos óseos encontrados en el basurero de Cocula y en el río San Juan. La prueba de ADN de esos restos permitiría la identificación genética de personas cuyos cuerpos fueron calcinados en ese lugar. 63 mil fragmentos óseos fueron recuperados en el basurero y en el río, y están en resguardo de la Procuraduría General de la República (PGR).

            En una revisión muestral de esos fragmentos, dentro de los cuales ya se han identificado algunos que corresponden a dos de los normalistas, se detectaron 114 que serían susceptibles de ser analizados.

            Es increíble que ni la PGR ni el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hayan solicitado el análisis correspondiente al prestigiado laboratorio de la Universidad de Innsbruck, Austria.

            Entre los fragmentos hay 41 petrosas —parte del hueso temporal que encierra al oído interno— correspondientes por lo menos a 21 personas. Sería una prueba crucial: el análisis de esos restos determinaría si corresponden a los normalistas.

            La presencia de restos calcinados comprueba que en el aludido basurero se produjo fuego en el cual se quemaron cuerpos humanos. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que reiteradamente descalificó la versión oficial sin aportar datos que pudieran dar lugar a una versión alternativa, niega que ese fuego se hubiera producido la noche del 26 de septiembre de 2014, pero la CNDH señala pruebas que acreditan que esa noche hubo un incendio en el basurero.

            La CNDH hace una imputación severa a los gobiernos municipal, estatal y federal: se sabía de tiempo atrás de los nexos de Abarca, el entonces presidente municipal, con el crimen organizado, y jamás se procedió en su contra.

            Por otra parte, la recomendación revela que policías estatales participaron en la agresión a tiros contra los normalistas. En cambio, el batallón de la zona no estuvo al tanto de lo que pasó después de que las víctimas fueron interceptadas por la policía.

            Ante las objeciones a la recomendación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha respondido que la verdad sobre el caso es una, la cual debe estar sustentada en la evidencia objetiva y verificada de los hechos, no en opiniones o pareceres, ni debe responder a coyunturas o intereses políticos.

            El ombudsman sostiene que no avala la versión oficial —la denominada teoría de la “verdad histórica”—, pero que las críticas y cuestionamientos a ésta no pueden implicar que las posteriores investigaciones partan de un sesgo inicial o premisa de descartar todo lo relacionado con tal versión aun si se encuentra sustentado en pruebas.

            La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no contradice la parte sustancial de la versión oficial: los normalistas fueron detenidos por policías municipales y entregados a criminales. Pero añade importantes puntos. Uno de ellos, de interés mayúsculo, es el de las motivaciones del crimen masivo. En una próxima columna me referiré al tema.

            Precisamente porque realizó su tarea con profesionalismo y afán de descubrir la verdad (no sólo parte de ella), no comparto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la “bienvenida al establecimiento de la Comisión de la Verdad” que ha decidido el presidente de la República.

            La CNDH ha actuado en busca de la verdad en un caso de gravísima violación a los derechos humanos sin dejarse contagiar por posturas interesadas en hacer prevalecer una versión subordinada a intereses políticos. Las nuevas autoridades de la PGR cuentan con sus aportaciones para atar los cabos sueltos de la investigación. Entonces, ¿cuál es el sentido de una comisión de la verdad?

Los oscuros motivos

¿Por qué los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron llevados el 26 de septiembre de 2014 a la ciudad de Iguala? ¿Por qué precisamente los alumnos de primer grado? Ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se han interesado demasiado en responder estas preguntas, no obstante que en las respuestas está el origen de los hechos espantosos de aquella fecha.

            En cambio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dedica decenas de páginas en su recomendación sobre el caso a tratar de desentrañar esos porqués: las razones que llevaron a los alumnos a Iguala. “Todas estas preguntas (las señaladas en el párrafo anterior) formuladas por algunos de los familiares de los desaparecidos deben, invariablemente, tener respuesta en la investigación practicada por la PGR”.

            Con el propósito de acercarse a las respuestas, el imponente documento de 2,187 páginas se remonta al origen, la índole y aspectos relevantes del funcionamiento de las escuelas normales rurales. La recomendación revela que la organización de alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa sometía a pruebas agobiantes a los aspirantes mientras los adoctrinaba en nociones de marxismo elemental. Incluso podía decidir sobre su admisión.

            Con frecuencia, en el patio del plantel había camiones tomados sin que el director pidiera a nadie explicaciones al respecto. Como en todo el estado de Guerrero, en la escuela era intenso el tráfico de drogas —con la complacencia de los directivos escolares— y había un alto índice de adicción. No obstante que se trata de un internado, los alumnos entraban y salían de las instalaciones libremente. Los estudiantes de primer ingreso con frecuencia tenían que cumplir misiones encargadas por la organización estudiantil: toma de camiones, boteos (recolección de dinero en un bote realizada en la vía pública), etcétera.

            En el expediente de investigación de la CNDH hay testimonios que involucran a alumnos de la Normal o a familiares de ellos en actividades relacionadas con el narcotráfico. Asimismo, hay referencias constantes y reiteradas de que el día de los hechos los normalistas iban infiltrados por gente armada, tal vez integrantes del grupo Los Rojos, enemigos acérrimos de Guerreros Unidos y de Los Ardillos en la disputa por el mercado, los territorios y las rutas del narcotráfico, disputa en la que las diferentes bandas actuaban en connivencia con autoridades y cuerpos policiales. Algunas evidencias son inquietantes.

            Aproximadamente a las 17:30 horas del 26 de septiembre, un líder estudiantil les indicó a los conductores de dos autobuses y a los estudiantes de nuevo ingreso que se alistaran porque iban a secuestrar autobuses a Iguala. De los cinco vehículos involucrados en los hechos, sólo de los dos que partieron de la Normal de Ayotzinapa se sacó a quienes iban a bordo. En ese par de camiones se focalizaron los ataques.

            Otro de los líderes estudiantiles mintió acerca de su ubicación en la tarde y la noche del 26 de septiembre. Declaró en algún momento que aproximadamente a las tres de la tarde salió de la Normal rumbo a Chilpancingo a “compras de aseo personal”, y permaneció allí hasta las 21 horas; pero en su primera declaración había manifestado que formó parte del grupo de estudiantes que de la Normal salió rumbo a Iguala y que fue objeto, junto con sus compañeros, de los ataques. Ninguno de los estudiantes que viajaron en los dos autobuses lo ubicó a bordo de alguno de éstos. Al iniciarse la agresión ya estaba en Iguala, pero hasta las 23:30 horas se presentó en el lugar de los hechos “en apoyo de sus compañeros”.

            Las evidencias recabadas —mencioné sólo algunas por razones de espacio— deben ser analizadas por la PGR, dice la CNDH, para determinar si en efecto hubo infiltración de miembros de Los Rojos en el grupo de normalistas que hizo presencia en Iguala, y si éstos fueron identificados o confundidos con integrantes de ese grupo criminal. Pero enfatiza que todos los desaparecidos de nuevo ingreso “son víctimas de los hechos y de las circunstancias”. Nada justifica “que hubieran sido identificados… como miembros de alguna organización criminal”.

Cuarta transformación

No hay día que no tengamos muestras de la verdadera índole de la cuarta transformación. Van dos ejemplos recientes.

            EL HUEVO DE LA SERPIENTE. El Presidente ya había llamado deshonestos a los ministros por el monto de su salario y por defender su autonomía constitucional. Además, había anunciado que no aceptaría la invitación a comer con ellos. La injuria y el desdén bastaban para colocarlos en la diana a la cual apuntaría el rencor del pueblo bueno.

            Al salir un automóvil del edificio de la Suprema Corte, a unos cuantos pasos de donde despacha el Presidente, una turba le impidió el avance durante varios minutos. Los agresores golpearon el toldo, el cofre y los vidrios del vehículo, algunos con palos, y le lanzaron botellas. La cáfila aullaba vituperios encendidos de una ira impostada. “¡Traidores! ¡Ratas! ¡Corruptos!” Ante la embestida del grupo, los ocupantes del coche estaban totalmente indefensos. Sólo el mismo vehículo, la carrocería, los protegía de la agresión. La policía nunca llegó a dispersar y detener a los atacantes.

            Tras el suceso, el Presidente tardó una eternidad en decir que las diferencias políticas no justifican la violencia, pero se abstuvo de condenar específicamente el ataque al automóvil en el que los facinerosos creyeron que se encontraba un ministro de la Corte. Como advierte Héctor Aguilar Camín, este incidente puede calificarse como “la primera aparición, en este gobierno, de una turba de supuesto origen popular, característica del fascismo” (Milenio diario, 17 de diciembre).

            Así haya sido un intento fallido, la tentativa de agredir a un ministro es de gravedad mayúscula. Pero, aun si el blanco de la horda hubiera sido otro, el asalto multitudinario a cualquier persona es absolutamente inadmisible y condenable. El silencio del partido gobernante, legisladores incluidos, es ominoso.

            POBRES POR SIEMPRE. En una comparecencia ante senadores, la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, expresó su convicción de que, como parte de una nueva ética pública, los salarios que se pagan en la iniciativa privada deben reducirse siguiendo las pautas salariales del nuevo gobierno, que, salvo que prospere la acción de inconstitucionalidad contra la nueva ley de remuneraciones, reducirá los sueldos de los burócratas.

            Al día siguiente, la secretaria aseguró que no había dicho lo que dijo —se trató de una fake new, mintió— y el video de su comparecencia desapareció del canal de YouTube del Senado, pero sus palabras quedaron registradas por los medios.

            Al inicio de la entrada “Igualdad” de su admirable Diccionario filosófico, Fernando Savater recuerda la siguiente coplilla:

¡Igualdad!, oigo gritar

al jorobado Torroba.

¿Quiere verse sin joroba

o nos quiere jorobar?

            Como apunta Pascal Beltrán del Río (Excélsior, 17 de diciembre), un gobierno de izquierda tendría que estar interesado en subir los salarios en general y, con ello, lograr más recursos para el Estado en contribuciones, pero los actuales gobernantes parecen estar peleados con el dinero y con quienes lo tienen como producto de su trabajo.

            No se trata, entonces, de mejorar el nivel de vida de los trabajadores, sino de cultivar en los pobres un resentimiento punitivo. Es la postura del pobrismo. El enemigo no es la pobreza, sino los pobres que se esfuerzan por dejar de serlo. El bienestar de los demás debe producirles rencor, pero los pobres no deben aspirar a alcanzarlo para sí mismos.

            Para el pobrismo, los ingresos que excedan de lo estrictamente necesario para vivir son reprobables, aunque sirvan para mejorar la calidad de vida o, como dice Woody Allen, para calmar los nervios. Ese dinero extra es cosa de fifís. Se aumenta en mayor cantidad que la acostumbrada el salario mínimo, que aun así apenas alcanza para subsistir, pero se solicita que nadie pague sueldos atractivos.

            Es decir, el gobierno quiere que los pobres no dejen de serlo: el dinero excesivo es malo per se. Pero, curiosamente, el pobrismo de quienes hoy nos gobiernan no sintió repulsión por los fajos de billetes que René Bejarano obtenía rufianescamente ni se incomoda por contar entre sus filas, entre otros muchos, a individuos como Napoleón Gómez Urrutia, que no son precisamente menesterosos.

¿Colón genocida?

La estatua de Cristóbal Colón en el centro de Los Ángeles fue retirada en un acto en virtud del cual la ciudad pretende quitarse de encima “la vergüenza” de honrar al almirante genovés. El concejal de la ciudad, Mitch O’Farrell, descendiente de una tribu de Oklahoma, encabeza un movimiento que considera inadmisible rendir homenajes a Colón porque “es falso el relato de que descubrió América, fue responsable de atrocidades y sus actos pusieron en marcha el mayor genocidio de la historia”.

            En todos los países de América a donde llegaron los conquistadores españoles han surgido movimientos de similar inspiración. En el nuestro, la estatua de Colón en el Paseo de la Reforma ha intentado ser derribada en la conmemoración del 12 de octubre, sin embargo, no es sostenible que Cristóbal Colón haya sido un genocida. El genocidio consiste en la eliminación de un grupo étnico, nacional o religioso. Seguramente, el ejemplo más claro es el del exterminio de judíos en la Alemania nazi.

            Colón no se propuso terminar con los indígenas. No tenía ningún interés en intentarlo. En cambio, le interesaba contar con ellos como mano de obra. Tuvo esclavos, es verdad, pero en una época en que la esclavitud era legal en el mundo y aún faltaban varios siglos para que quedara abolida… en los ordenamientos jurídicos, pues en la realidad aún subsiste marginalmente.

            No puede juzgarse el pasado con las reglas y los valores del presente. Casi nadie se salvaría de la condena. Un ejemplo: nuestro admirado Fray Bartolomé de las Casas, quien, como advierte Borges con su acerada ironía, “tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas, y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas”.

            Entre los indígenas también existía la esclavitud. Los aztecas sojuzgaron a otros pueblos, esclavizaban a sus prisioneros, los sacrificaban y devoraban su corazón. Fueron sanguinarios y odiados por los pueblos sojuzgados. La conquista española en realidad fue obra del odio de pueblos indígenas contra el feroz dominio azteca, aborrecido desde la costa del Golfo hasta Oaxaca, desde Tabasco hasta los desiertos norteños.

            ¿Pero y lo que sucedió después de Colón? Bueno, nadie puede ser responsable de lo que pasa una vez que ha muerto, pero tampoco los conquistadores españoles fueron genocidas. La unión de los españoles y las indígenas da como fruto a los primeros mexicanos: ¡nosotros! Martín Cortés, hijo de doña Marina y Hernán Cortés, es simbólicamente el primer mexicano.

            Como en todas las conquistas, murieron muchos conquistados en los combates y por la explotación de parte de los conquistadores, pero éstos jamás tuvieron el propósito de exterminarlos. Consumada la conquista, en relativamente poco tiempo entraron en vigor leyes que los protegían.

            Es cierto que cuando Cortés pisó suelo, de lo que más tarde sería México, había en la región mesoamericana entre 15 y 30 millones de indígenas y al final del siglo XVI sólo quedaban dos millones. Pero las muertes no se debieron principalmente a la explotación y a las armas españolas, sino a una enfermedad desconocida que los mexicas llamaron cocoliztli (el mal o pestilencia en español).

            Un estudio reciente con ADN antiguo ha identificado el patógeno: la salmonela, que causó más estragos que el sarampión, el tifus y las paperas. Hubo dos grandes epidemias, una en 1545, en la que se estima que murió el 80% de la población, y otra en 1576, en la que falleció el 45% de los cuatros millones de indígenas que quedaban.

            Expertos alemanes en ADN antiguo y arqueólogos mexicanos hallaron en la Mixteca Alta de Oaxaca la bacteria salmonella enterica en los dientes de indígenas que murieron durante las epidemias (la investigación está publicada en Nature Ecology & Evolution). Los españoles eran inmunes. El patógeno ya existía en Europa: fue identificado en restos humanos enterrados en Noruega 200 años antes de los viajes de Colón.

            Telón: sin el triunfo de Cortés —como advierte Luis González de Alba en Las mentiras de mis maestros (Cal y Arena)— no existiría el México actual ni la población actual. ¡No existiríamos nosotros! Ω

Pantomima autoritaria

Más allá de las promesas del presidente electo, tenemos, no por sus palabras sino por sus hechos, signos claros de lo que será un aspecto crucial de la cuarta transformación que ha anunciado

            Entre una dictadura y una democracia perfecta (si es que algo así ha existido alguna vez en alguna parte) hay muchos escalones. Por ejemplo, nuestro país nunca ha padecido una dictadura desde que está vigente la actual Constitución ––poco más de un siglo––, pero ha estado lejos de alcanzar una democracia ejemplar.

            Sin embargo, en los últimos lustros se han producido avances democráticos de la mayor relevancia. Solamente mencionaré dos, los que importan para lo que expondré en esta nota: a) contamos ahora con una autoridad electoral confiable, que organiza y cuenta los votos con imparcialidad y profesionalismo, y las elecciones son supervisadas por todos los partidos políticos y por millones de ciudadanos elegidos por el azar, lo que las dota de transparencia y pulcritud, y b) hoy los medios de comunicación ejercen la libertad de expresión al punto de que el Presidente de la República y el Ejército, antes tan intocables como la Virgen de Guadalupe, frecuentemente son objeto de críticas acerbas y burlas mordaces.

            Andrés Manuel López Obrador alegó fraude en su contra las dos veces que perdió la elección presidencial sin que se haya demostrado en ningún caso que él hubiera sido el auténtico ganador de la contienda. Se trató, en ambas ocasiones, del berrinche de un mal perdedor. A la tercera ocasión obtuvo el voto mayoritario y nadie ––ni la autoridad electoral ni los candidatos perdedores–– intentó escamotearle la victoria. Antes de la elección muchos de sus seguidores alertaron que se preparaba un gran fraude electoral soslayando que las garantías de que están rodeados los sufragios en nuestro país lo hacían imposible.

            El sistema electoral que ahora tenemos los mexicanos es muy costoso. Los contribuyentes tenemos que pagar un alto precio económico por tal sistema. Pero sus reglas, mecanismos, procedimientos y candados garantizan elecciones libres de toda sospecha razonable. Sin elecciones limpias sencillamente falta un elemento fundamental de la democracia.

            Ese gran logro ha sido tirado al cesto de la basura por el presidente electo. La consulta respecto del nuevo aeropuerto fue una simulación descomunal: las urnas se colocaron únicamente en menos de la cuarta parte de los municipios del país y carecían de mamparas para que el voto fuese secreto; el número de votos fue del uno por ciento de los ciudadanos empadronados; algunos votaron, comprobadamente, hasta cinco veces, quizá muchas más; la tinta con que se marcó a los votantes se borraba fácilmente; el ejercicio fue controlado totalmente por el partido de López Obrador, sin que ningún otro partido participara en el proceso. Un aeropuerto de clase mundial, la más grande obra de infraestructura de América Latina, generadora de modernidad, progreso y cientos de miles de empleos, cancelada en virtud de una pantomima. Una burla a la ciudadanía, un insulto a la inteligencia.

            El presidente electo, que tanto clamó contra inexistentes fraudes, montó la más burda de las falsificaciones. Cuando los reporteros le preguntaron sobre las irregularidades del proceso, respondió en tono de burla que quienes las señalan son los mañosos y los corruptos. Esto es, advertir trampas y engaños es para López Obrador manifestación de maña y corrupción. En su maniqueísmo sólo el aplauso o el silencio sumiso le parecen respetables.

            En lugar de reconocer las evidentes trapacerías de que estuvo plagada la consulta ––la única actitud éticamente plausible––, el próximo presidente volvió a arremeter contra los críticos. Sus descalificaciones incluyen a periodistas que durante la campaña electoral fueron sumamente condescendientes con él. Quienes no le vitorean incondicionalmente no forman parte del pueblo sabio.

            El autoritarismo que se engendra en un sistema democrático suele iniciarse presentando las decisiones arbitrarias del gobernante como decisiones populares y satanizando toda postura crítica, no respondiéndola con argumentos sino atribuyéndola a los intereses ilegítimos que se oponen a los intereses populares.

Fifí

Si ser fifí es sentir estupor e indignación por la cancelación de la mayor obra de infraestructura de América Latina, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, de clase mundial, que llevaba un avance de más del 30%, en la que se habían invertido muchos miles de millones de pesos, que daba trabajo a decenas de miles de personas y generaría cientos de miles de empleos más, y cuya idoneidad había sido confirmada por los expertos más calificados del mundo…

            Si ser fifí es no hacerse el loco ante una supuesta consulta popular organizada y controlada por un solo partido, en la que cada quien podía votar cuantas veces quisiera, a pesar de lo cual el número de votos a favor de la cancelación fue tan sólo del 0.7 del padrón electoral, porcentaje ínfimo que ha pretendido presentarse como la decisión incontrovertible del pueblo sabio…

            Si ser fifí es protestar por la derogación de la Reforma Educativa, que significa eliminar la posibilidad de cumplir con el derecho de niños y adolescentes a recibir una educación de calidad, y aseverar que es éticamente inaceptable que se vuelva a entregar la gestión de la educación básica a las mafias sindicales…

            Si ser fifí es oponerse a una amnistía que supondría una abdicación deshonrosa del Estado al dejar en libertad a quienes han actuado con crueldad inaudita secuestrando, torturando y degollando a sus víctimas, entre las que hay incluso mujeres embarazadas y bebés…

            Si ser fifí es estar en desacuerdo con que, a contracorriente de lo que sucede en los países más productivos del mundo, se aumente la jornada laboral de los burócratas reduciendo drásticamente sus oportunidades de ocio y convivencia con familiares, pareja y amigos, y además se les disminuya el salario…

            Si ser fifí es inconformarse con la dispersión de las secretarías de Estado, la que ocasionará serios trastornos en la vida de los afectados, quienes tendrían que conseguir en su nuevo lugar de residencia vivienda y escuela para sus hijos, y en muchos casos se verían obligados a separarse físicamente de sus seres queridos…

            Si ser fifí es considerar absurdo que se recorte el 70% de la estructura del personal de confianza porque es precisamente este personal el que soporta la actividad de la administración pública, pues la mayoría de los trabajadores sindicalizados están en los niveles medios y bajos…

            Si ser fifí es no aceptar que personajes de la índole de Elba Ester Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia y Nestora Salgado se hayan vuelto ciudadanos ejemplares en el preciso momento en que fueron bautizados en el Jordán de la indulgencia del próximo presidente…

            Si ser fifí es sentirse agraviado por la invitación a la ceremonia de toma de posesión de la presidencia a Nicolás Maduro, responsable de la violación sistemática de los derechos humanos, el encarcelamiento y el asesinato de opositores, la masacre de cientos de manifestantes, la carestía y la carencia de productos básicos y la abolición de la democracia en su país…

            Si ser fifí es no admitir que hay que quedarse callado aceptando como legítima cualquier decisión del futuro gobernante porque está investido de la legitimidad que le otorgan 30 millones de votos, como si estos sufragios fueran un cheque en blanco incluso para saltarse la ley y los procedimientos democráticos (¿no fue elegido también por mayoría absoluta Adolfo Hitler?)…

            Si ser fifí es no aplaudir las decisiones caprichosas, insensatas y arbitrarias del presidente electo, no sumarse al numeroso coro que vitorea todo lo que haga o deje de hacer, sea lo que fuere, sino ejercer el derecho elemental e irrenunciable de la crítica, defender lo razonable, rechazar el autoritarismo, el fanatismo y el sectarismo, ser leal a la cordura, a los valores democráticos y a los principios éticos…

            Si en eso consiste ser fifí ––el Diccionario de la Real Academia Española da una definición muy distinta: persona presumida y que se ocupa de seguir las modas––, entonces ser calificado como tal por quienes han decidido la incondicionalidad absoluta ante el gobierno que viene es un elogio, no un baldón. En el capítulo quinto de la primera parte de la mayor obra de la literatura en nuestra lengua, don Quijote advierte: “Yo sé quién soy”.

¿Desaparecer la CNDH?

Cuando la inepcia, la ignorancia y el sectarismo se conjugan, el coctel resultante es un producto maloliente y venenoso, especialmente inadmisible si afecta a una de las conquistas más relevantes de nuestro proceso civilizatorio.

            El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Senado anunció que presentará una iniciativa en virtud de la cual desaparezca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que sería sustituida por una Defensoría del Pueblo. Recordemos, para empezar, que el PT es una agrupación que ostenta su admiración incondicional por la dictadura de Corea del Norte, en la que el régimen trata a los gobernados no como ciudadanos, sino como súbditos y en la que se desconocen todas las libertades propias de una democracia.

            Los motivos que los impulsores de la iniciativa han expuesto moverían a risa de no ser porque, de convertirse en derecho vigente, sus repercusiones afectarían gravemente al Estado de derecho y a la lucha —tan inacabable como el océano de Ulises y la tela de Penélope— contra los abusos de poder. Más que disparatado, el propósito es avieso. Sin embargo, ¡ay!, ninguno de los reporteros presentes en el anuncio lo cuestionó y, hasta donde sé, los editorialistas no han dicho nada al respecto y los ombudsman del país, asimismo, han guardado silencio.

            La bancada petista arguye una razón odontológica: la CNDH, afirma, carece de los dientes que requiere una institución de tal envergadura y, por tanto, es un organismo “prácticamente inútil”. La Defensoría del Pueblo que propugnan los senadores partidarios de la dictadura norcoreana, en cambio, tendría la dentadura apropiada, pues se le daría carácter vinculante a sus recomendaciones, es decir, los destinatarios se verían obligados a aceptarlas y su cumplimiento podría serles impuesto con el auxilio de la fuerza pública.

            Eso es desconocer la índole del ombudsman. En los países donde existe, sus sugerencias y recomendaciones no tienen esa naturaleza vinculatoria, con la cual se convertiría en juez —las sentencias judiciales son de cumplimiento obligatorio—. La eficacia del ombudsman depende de la calidad moral y profesional del titular y el personal de la institución; la idoneidad de las pruebas y la fuerza argumentativa en que se sustenten sus resoluciones; la cultura de derechos humanos que prevalezca en la sociedad y el apoyo que su actuación tenga de los medios, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y el Poder Legislativo.

            Si las propuestas y las recomendaciones del ombudsman tienen las virtudes señaladas y el costo político para el funcionario que las desatienda es alto, la eficacia del defensor público de los derechos humanos irá in crescendo. En la primera etapa —los primeros ocho años— de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), la gran mayoría de sus sugerencias y recomendaciones fueron totalmente cumplidas.

            Propone la bancada petista que la designación del defensor del pueblo se ajuste a “un procedimiento de consulta pública”. ¡Líbrenos, Temis, diosa de la justicia! Si esa consulta fuere como la que acabamos de presenciar respecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, serán exclusivamente los adeptos al Presidente de la República los que tendrán en sus manos decisión tan importante. Propone, asimismo, que sea el Poder Legislativo el que haga la designación. La propuesta es inaudita, pues uno supondría que los legisladores saben que ya es el Legislativo (el Senado de la República) el que designa al titular de la CNDH.

            Acudí entusiasmado a Venezuela hace unos lustros a exponer la experiencia de los organismos públicos defensores de derechos humanos en nuestro país, particularmente el de la Ciudad de México, que tuve el honor de fundar y presidir. Los venezolanos tenían una gran ilusión por la próxima instauración del ombudsman. Pero el chavismo engendró una burda caricatura a la que le falta todo para ser considerada un auténtico ombudsman, básicamente la indispensable autonomía. El defensor del pueblo venezolano ha actuado acatando servilmente los designios de los dictadorzuelos. ¿Un engendro similar tienen en mente y el corazón los legisladores del PT?

¿Y las víctimas?

Al anunciar su propósito de promover una amnistía “para pacificar al país”, Andrés Manuel López Obrador aseguró, una y otra vez, que sólo lo haría si se contaba con la anuencia de las víctimas o sus deudos. En los foros que organizó su equipo para tratar el tema, los agraviados se manifestaron contundentemente, con indignación por los crímenes y la impunidad anunciada, contra esa medida.

            Los colaboradores del presidente electo daban versiones divergentes respecto de quiénes serían los beneficiarios. Sólo los campesinos que cultivaron mariguana y amapola. Sólo los jóvenes que se excedieron en la cantidad permitida para consumo. Sólo quienes no hubieran cometido delitos graves. López Obrador no aclaraba lo que tenía en mente.

            En los foros, el clamor contra la impunidad de crímenes repugnantes fue generalizado. No se puede amnistiar a quienes han llevado al país a unos índices de criminalidad inimaginables hace apenas dos lustros. Si la impunidad es un baldón para el Estado de derecho cuando se debe a la ineficacia de los organismos encargados de perseguir los delitos, es absolutamente inadmisible cuando es decidida por el gobierno.

            En esta columna apunté que la amnistía a criminales que han actuado con saña inaudita secuestrando, torturando, degollando o quemando vivas a sus víctimas sería una deshonrosa abdicación del Estado, pero no sólo eso, sino que tal mecanismo resultaría inidóneo para la deseable pacificación del país.

            Los grupos de la delincuencia organizada son múltiples. ¿Con cuál se negociaría el fin de la violencia a cambio del “olvido” —eso significa amnistía— de sus crímenes? ¿Los criminales cambiarían sus actividades delictivas por un empleo en el que obtuvieran un salario mediano? ¿Se volverían buenos ciudadanos, respetuosos de la vida, la integridad, la libertad y los bienes ajenos?

            En el plan nacional de paz y seguridad el presidente electo plantea un proceso de desarme y desmovilización de grupos criminales con el ofrecimiento de reducción de penas e incluso una amnistía. No le importó, entonces, la opinión de víctimas y deudos. Tampoco consideró que sobre un asunto de tal gravedad tenía que consultarse al pueblo sabio. Él ya lo tenía decidido.

            El plan condiciona los beneficios a los delincuentes a que éstos colaboren con la justicia, manifiesten arrepentimiento y reparen el daño. Debieran saber los autores del documento que la reducción de las penas —muy generosa, hasta las dos terceras partes de la pena aplicable o impuesta— ya está prevista en el artículo 35 de la Ley federal contra la delincuencia organizada para quien colabore eficazmente con el Ministerio Público en la investigación de los delitos de esa índole.

            Por otra parte, el fiscal general de la República no tendrá autonomía respecto del presidente. Éste decidirá qué delitos se persiguen y cuáles no. Una de las demandas con mayor respaldo de académicos y activistas de las organizaciones de la sociedad civil ha sido ignorada por la mayoría en el Senado. El fiscal carnal que les parecía inadmisible bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto les parece plausible cuando el presidente sea López Obrador.

            La votación mayoritaria que obtuvieron el próximo presidente y los actuales legisladores no legitima todas sus disposiciones. Las que afectan desfavorablemente a la justicia erosionan el Estado de derecho y ofenden a las víctimas sobrevivientes de delitos graves y a sus deudos. La mayoría tiene el poder, no la razón.

            Hay quienes, por la mísera recompensa de un cargo en el gobierno que viene o por el temor de ser vistos como enemigos —conservadores, fifís— por el líder supremo, aplauden y seguirán aplaudiendo todo lo que éste decida. Algunos, en cambio, seguiremos diciendo y escribiendo lo que nos parezca correcto atendiendo a nuestra conciencia y nuestros valores, aun cuando sepamos que lo que digamos o escribamos no servirá, al menos en lo inmediato, para ahuyentar los nubarrones que cubren la vida pública del país.

            Es una opción ética: actuar conforme a los principios, como si uno pudiese cambiar la realidad, a sabiendas de que ésta no depende de los deseos sino de una serie de condiciones que no siempre son propicias a lo deseable.

Agravio

Es una vergüenza que Nicolás Maduro haya sido invitado a México a la ceremonia de investidura presidencial. La invitación opera a contracorriente de la postura de los países democráticos de Europa y América.

            La Unión Europea ha manifestado reiteradamente su consternación por el deterioro de la situación en Venezuela, a cuyo gobierno aplicó un embargo de armas, además de imponer sanciones a varios de sus funcionarios.

            La Organización de Estados Americanos (OEA) hizo un llamado a los Estados miembros y observadores a tomar las medidas que estimen convenientes para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático en ese país.

            La OEA ha declarado que:

a) Las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela de suspender los poderes de la Asamblea Nacional y arrogárselos a sí mismo son incompatibles con la práctica democrática y constituyen una violación del orden constitucional.

            A pesar de la posterior revisión de algunos elementos de dichas decisiones, no está garantizada la separación e independencia de los poderes constitucionales, por lo cual urge al gobierno venezolano a restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional.

b) La elección presidencial de 20 de mayo de este año —en virtud de la cual Maduro ha sido reelegido— carece de legitimidad porque no cumplió con los estándares internacionales, no contó con la participación de todos los actores políticos venezolanos y se desarrolló sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático.

            La declaración de ilegitimidad de la reelección de Maduro tuvo 19 votos a favor, 11 abstenciones y solamente 4 votos en contra. Esas cifras muestran que el régimen ha perdido casi la totalidad del apoyo con el que contaba hace no mucho. Apenas tres países —Bolivia, Dominica y San Vicente y las Granadinas— se sumaron al voto venezolano para oponerse a la resolución.

            Lo más importante es el llamado a los países miembros y observadores de la OEA a adoptar medidas para el restablecimiento del orden democrático en Venezuela, las cuales podrían aumentar la presión internacional para que el gobierno entienda que es necesario buscar una solución razonable, por ejemplo, la convocatoria a un proceso electoral que cumpla con las garantías necesarias, la restauración de la autoridad de la Asamblea Nacional, la aceptación de ayuda humanitaria —que Maduro ha rechazado— y la adopción de medidas de vigilancia epidemiológica para evitar el agravamiento de la crisis de salud pública.

            El régimen venezolano se ha colocado en una situación de aislamiento internacional y de plena incapacidad de resolver los graves problemas que afectan a sus gobernados, a los que su ineptitud y su autoritarismo han privado de medicinas, insumos médicos, alimentos y libertades democráticas. Dos millones y medio de venezolanos han salido de su país. Más de 300 opositores están en las cárceles.

            El concejal Fernando Albán, que estaba detenido en la sede de la oficina de inteligencia política, murió tras caer de una ventana desde el décimo piso. Nadie cree la versión oficial de que se trató de un suicidio.

            La brutal represión contra las manifestaciones de protesta ha ocasionado más de 100 muertos, miles de heridos, y miles de detenidos y torturados, muchos de los cuales fueron sometidos a la justicia militar.

            Con la invitación a Maduro, el Estado mexicano se sitúa en una posición contraria a las resoluciones de la OEA, de la que forma parte: no contribuye a aumentar el aislamiento del régimen venezolano y soslaya su ilegitimidad.

            No es válido alegar cortesía diplomática para justificar el convite a un dictadorzuelo que ha ocasionado tantas desgracias a sus gobernados, ha perpetrado tantos crímenes, ha eliminado la democracia y pisotea cotidianamente los derechos humanos.

            Nuestra mejor tradición diplomática es la de solidaridad con los perseguidos por regímenes tiránicos y distanciamiento de los dictadores de todo signo. La invitación a Nicolás Maduro es un acto contrario a esa noble tradición y un agravio a los venezolanos que han sufrido sus atropellos y a todos los que estamos convencidos de que la presencia oficial en nuestro país de un tirano de esa calaña es éticamente inaceptable. Ω

La Comisión de aquellos días

Si la nostalgia fuera letal yo no habría sobrevivido: mi corazón quedó anclado en esos ocho años en que tuve el privilegio de presidir —presidente fundador— la Comisión de Derechos Humanos del DF (hoy Ciudad de México)

            Otros hicieron intensas campañas para ocupar el honroso cargo. Como no fueron los elegidos, me odiaron —¡con razón!— para siempre. Llegué sin compromiso alguno, que es como debe llegar un ombudsman, porque a nadie le había pedido apoyo. Sigue leyendo →

La horda justiciera

La multitud enfurecida golpea con fuerza desmedida a una persona  —hombre o mujer, joven o madura— sin que una sola voz exija o suplique que cese la paliza. Desfalleciente, sangrante, con la piel desgarrada, la víctima se ha convertido en un guiñapo: ha sido despojada de su humanidad. Lo que le está sucediendo parece irreal. Aunque los golpes y las lesiones le ocasionan un dolor muy intenso, el terror que la invade es aún más fuerte, insoportable. Por momentos abriga la esperanza de estar inmersa en una pesadilla porque no puede ser real lo que le está pasando, pero ese dolor le indica que está despierta, que no sueña, que no va a despertar.

            La explicación más socorrida, diríamos que intuitiva, es que la gente está harta de la impunidad escandalosa que prevalece en el país, erosiona la convivencia civilizada y deslegitima a nuestro Estado de derecho. Y sí, nadie podría negar ese hartazgo ni la contrariedad que provoca que una abrumadora mayoría de los delitos más graves y perniciosos quede sin castigo. Pero en varias ocasiones ha bastado un rumor, un mensaje de WhatsApp, una apariencia sospechosa —lo que sea que eso quiera decir— para que se forme una turba cuya ferocidad no tiene límite. A veces, la policía llega a tiempo para impedir el asesinato. No siempre. Sigue leyendo →

Donde el pueblo diga

Admitamos que, como repite frecuentemente el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el pueblo es sabio, y que su sabiduría abarca complejos asuntos que no ha estudiado. Su sapiencia le habría sido otorgada por iluminación divina o sería intuitiva, por lo que seguramente es muy superior a la que se adquiere en el esforzado estudio.

            Cómo no habría de envidiarse ese saber, del que por supuesto carezco (¿será, ay de mí, que no soy parte del pueblo?). Soy capaz de escribir unas líneas como las que ahora, lectores, me hacen favor de leer ––puede escasear el talento, nunca el entusiasmo––, aprendí algo de leyes en mi paso por las aulas de la UNAM, me enteré después de algunos temas relativos a los derechos humanos, me sé las reglas del futbol (mi deporte favorito) y con cierta dificultad logro usar el sacacorchos para degustar un buen vino. Pero soy un absoluto ignorante en materias tales como la medicina, la aeronáutica, la ingeniería y muchísimas otras. Sigue leyendo →

Embeleco

Yo tampoco participaré en esa farsa, como acertadamente ha llamado Federico Reyes Heroles a la consulta sobre el proyecto de nuevo aeropuerto internacional que se construye en Texcoco. Pero sería muy triste e insensato que se cancelara una obra que aportaría al país notables beneficios. Es desolador que el capricho autoritario o los intereses no confesados sean los factores decisivos en un asunto de tal importancia.

            Asimismo, me parece lamentable que se quiera presentar como consulta al pueblo lo que no será sino una burla a los principios democráticos de participación social y un insulto a la inteligencia. Como ha señalado Pascal Beltrán del Río, director de este diario, 1.5% de ciudadanos —en el mejor de los casos— de menos de la cuarta parte de los municipios del país evidentemente no representan al conjunto de la ciudadanía, y las condiciones en que se efectuará la votación no garantizan pulcritud alguna. Sigue leyendo →

Una luz, una hendidura

Luis de la Barreda Solórzano

Era el mediodía del 30 de septiembre de 1993, muy lejano ya en los almanaques —¡25 años ha!— pero, desmontada la ficción del tiempo, siempre presente en el alma. En ese instante en que la Asamblea de Representantes —hoy Congreso de la Ciudad de México— me tomaba protesta como presidente fundador, nacía la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La institución veía su primera luz sin contar con presupuesto, ni plazas laborales, ni sede, ni una sola oficina o siquiera un escritorio provisional. Así que, no por vanidad ni por egocentrismo sino en estricto apego a la realidad, podía haber afirmado entonces, parafraseando a aquel rey francés: “La Comisión soy yo”. Se requerían, para mi designación, las dos terceras partes de los votos, y 80% de los asambleístas votó por mí. Sólo votaron en contra, en protesta por mi postura ante la interrupción voluntaria del embarazo —formulada en el libro El delito de aborto: una careta de buena conciencia, publicado dos años antes—, los seis representantes varones del PAN, pues las cinco legisladoras mujeres de este partido se abstuvieron después de que a unos y otras les expliqué en dos largas conversaciones que no era partidario del aborto sino de que se despenalizara, ya que su penalización siempre ha sido contraproducente. (Cuatro años después, en cambio, todos los diputados, aun los panistas, votarían por mi reelección).

            Lo primero era pelear un buen presupuesto, suficiente para cumplir las tareas encomendadas con eficacia y para pagar salarios decorosos, y se consiguió que se nos asignaran 30 millones de pesos, el triple de lo que ofrecía inicialmente el entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís. En segundo lugar era preciso integrar un excelente equipo de trabajo, a la altura de la misión que nos tocaba cumplir. Invité a amigos de capacidad, honestidad y vocación probadas, así como a jóvenes llenos de idealismo, varios de ellos destacados exalumnos míos. El Consejo se integró con personajes de la academia y las letras muy prestigiados, la mayoría de los cuales realizó su misión con aplicación y entusiasmo. Su apoyo y su guía fueron invaluables. Dice Vicente Quirarte que los fareros no existen: son los ángeles quienes suben de noche para que el faro cumpla su designio. Eso fueron nuestros consejeros. En nuestras batallas contamos asimismo con el respaldo de intelectuales y artistas admirables. Varios actores de la más alta categoría actuaron en nuestros anuncios televisivos promocionales sin cobrar un centavo. Reiteradamente lo hizo una de las más grandes actrices de todos los tiempos: Diana Bracho. Sigue leyendo →

Un fallo de antología

La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que exime a Morena del pago de la multa por 197 millones de pesos que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) es sumamente extraña, digna, sin duda, de figurar en una antología de resoluciones judiciales sorprendentes.

            Como los lectores saben, varios partidos políticos, para ayudar a los damnificados por los sismos, renunciaron al ejercicio de un total de 380 millones de pesos, los cuales reintegraron a la Secretaría de Hacienda a fin de que los partidos no los repartieran directamente, pues tal reparto se presume, dice la ley, “como indicio de presión” para obtener el voto; en cambio, Morena rechazó contribuir de esa manera y creó un fideicomiso para el mismo objetivo. Sigue leyendo →

Tabú

Ante la brutal agresión perpetrada por un grupo de pandilleros, varios de ellos alumnos de la UNAM —los llamados porros—, contra estudiantes que se manifestaban pacíficamente en la explanada de la Rectoría de Ciudad Universitaria, el rector reaccionó con energía y prontitud.

            El ataque produjo numerosos lesionados, entre ellos dos jóvenes cuya vida fue puesta en peligro. Uno de ellos estuvo a punto de perder un riñón. Cuando ya se encontraba tirado fue objeto de tres navajazos en la zona renal. Al otro se le encajó en un glúteo un objeto que, por la forma y profundidad de la herida, probablemente fue una varilla. Sigue leyendo →

Un grito ruin

Como en un mitin de la Prepa Popular, los diputados de Morena gritaban enardecidos: “Educación primero al hijo del obrero, educación después al hijo del burgués”. El grito retumbaba en el recinto legislativo y se repetía una y otra vez. El oírse a sí mismos —las voces celebraban estruendosamente la victoria— hacía crecer el ardor de los legisladores.

            Se había aprobado un punto de acuerdo propuesto por uno de los suyos y para festejar tomaron la tribuna. En el clímax de la incongruencia, el líder del partido en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, quien en su momento apoyó vehementemente la Reforma Educativa, declaró con el rostro contorsionado por la efervescencia que de ésta no quedaría “ni una coma”. Sigue leyendo →

El 68

Estaba participando en una protesta claramente justificada. Había compañeros golpeados y detenidos. La puerta del Colegio de San Ildefonso —mi Prepa Uno— había sido derribada de un bazucazo. La indignación por los actos de fuerza bruta se mezclaba con el entusiasmo de participar en una batalla cívica, de estar allí, uno entre decenas de miles, en ese momento histórico.

            Es curioso: en varias ciudades del mundo los estudiantes salían a las calles y protestaban contra sus respectivos gobiernos. No faltó quien dijera que la coincidencia cronológica no podía ser sino producto de un complot internacional, hipótesis que concedía una habilidad extraordinaria a los supuestos complotistas. Sigue leyendo →

En nombre de Dios

Es la primera vez que a un cardenal se le retira su título por acusaciones de abuso sexual. Hace casi un siglo, en 1927, el papa Pío XI aceptó la renuncia del purpurado francés Louis Billot, quien dimitió después de un conflicto de trasfondo ideológico con el Pontífice. Ahora, también un cardenal ha dejado de serlo, aunque por razones radicalmente diversas.

            El cardenal y arzobispo emérito de Washington, Theodore McCarrick, octogenario, presentó su renuncia como miembro del colegio cardenalicio. El papa Francisco la aceptó en menos de 24 horas y ordenó que McCarrick permanezca recluido “en una casa que le será indicada para penitencia y oración hasta que las acusaciones se aclaren a través de un regular proceso canónico”. Una medida equivalente a la prisión preventiva.

            El mes pasado, un hombre rompió su silencio después de 40 años y contó a The New York Times que McCarrick abusó de él cuando tenía 11 años y había continuado haciéndolo durante dos décadas. Se rumora que McCarrick ha mantenido relaciones con adultos y comportamientos inapropiados con seminaristas jóvenes. El cardenal Joseph Tobin, arzobispo de Newark, confirmó que se habían recibido al menos tres acusaciones en ese sentido.

            Durante mi infancia, mi adolescencia y mi juventud no se sospechaba siquiera que algunos sacerdotes, aprovechando el aprecio y la confianza que los padres de familia les dispensaban por su investidura, abusaran sexualmente de niñas y niños. El impacto sicológico del descubrimiento fue tremendo. Si había seres humanos en quienes los creyentes pudieran confiar absolutamente, esos eran los curas, que son —es decir, ellos dicen que son y así lo consideran los feligreses— representantes de Dios en la tierra.

            Y de pronto se desvela una verdad terrible como un tsunami: entre esos seres que transmiten la palabra y descifran los designios de Dios, y proclaman el valor indudable de la castidad, hay, bajo la piel de cordero, lobos sedientos no de la gloria del Señor, sino de los cuerpos de sus criaturas más tiernas. Es decir, poner en sus manos a niñas y niños fue, en muchos casos, ponerlos en sus manos… materialmente. Miles de casos se han conocido en Estados Unidos —a partir de los reportajes de The Boston Globe—, Europa y América Latina. La mayor cantidad de juicios y condenas ha tenido lugar en el país norteamericano.

            Una precisión necesaria. Los casos de abusos sexuales y violaciones contra menores cometidos por sacerdotes son múltiples e inocultables. Los culpables merecerían que el vengativo Yahvé del Antiguo Testamento hiciera llover fuego sobre sus cabezas. Pero ha sido frecuente que en la prensa y en los libros sobre el tema se mezcle y se dé el mismo tratamiento reprobatorio a la actividad sexual no abusiva de los curas y a los verdaderos crímenes sexuales.

            Los sacerdotes que han tenido relaciones sexuales libremente consentidas con personas que ya no son infantes y tienen capacidad de otorgar su anuencia válidamente no son violadores ni autores de abuso sexual. Han infringido el voto de castidad al que se comprometieron al ser consagrados, pero eso no constituye abuso contra persona alguna, sino tan sólo la inobservancia de un deber religioso sumamente cuestionable y cada vez más cuestionado, aun dentro de la propia Iglesia católica.

            Esos sacerdotes que fornican son hombres más débiles que aquellos curas que, Ulises espirituales amarrados al mástil de su fuerza de voluntad indómita, permanecen admirablemente vírgenes, sin sucumbir al canto de las sirenas, ese fiero y dulce llamado de la naturaleza, de la sangre, del corazón, que sólo los asexuados —los que no sienten deseos, los que no se conmueven ante el pansexualismo del mundo— no perciben. Se les podrá reprochar en su Iglesia no haber cumplido con la abstinencia que prometieron. Nada más.

            Pero la moral laica no tiene nada que reprocharles. ¿Hipocresía por no acatar el voto de castidad? Quizá. Pero tal vez muchos hicieron ese voto sinceramente y después fueron vencidos por la tentación que dispara Eros, ese diosecillo que provocó la guerra de Troya y cuyas flechas perturbadoras se dirigen indistintamente, sin discriminación, a religiosos y no religiosos.

Lo que no se perdona

En los debates entre representantes de los candidatos a la Presidencia de la República, Tatiana Clouthier, abanderada de Andrés Manuel López Obrador, aseguraba que amnistía no es impunidad, sin que nadie la desmintiera de manera contundente.

            Digámoslo con toda claridad: amnistía es impunidad absoluta para los beneficiarios. El vocablo proviene del griego amnestia, olvido. La amnistía es una ley que ordena el olvido oficial de una o varias categorías de delitos, extinguiendo la acción penal y aboliendo las indagatorias iniciadas, las órdenes de aprehensión, los procesos en curso y las condenas pronunciadas. Los presuntos responsables y los culpables así declarados por una sentencia quedan en absoluta libertad.

            El gobierno colombiano firmó un acuerdo con las FARC —grupo guerrillero que perpetró numerosos homicidios y secuestros y que tenía nexos con el narcotráfico— para pacificar el país, acuerdo que incluye la llamada justicia transicional que supone penas muy reducidas a los culpables de esos delitos y de otros cometidos por agentes estatales y miembros de grupos paramilitares. A pesar de que el objetivo era de la mayor importancia —poner fin a una guerra de varias décadas— y no implicaba perdón a los delincuentes, sino penalidades disminuidas, la mayoría de los colombianos se manifestó contra tal acuerdo.

            Si no me equivoco, Andrés Manuel López Obrador propugna, supuestamente, para pacificar al país abrumado por una criminalidad desbordada, no el olvido, pero sí el perdón para quienes han secuestrado, degollado, despellejado o quemado vivas a sus víctimas. ¿Habrá una sola madre o un solo padre que pueda perdonar a los asesinos de su hija o su hijo? ¿Habrá una sola hija o un solo hijo que pueda perdonar a los asesinos de su madre o su padre? ¿Habrá una sola mujer o un solo hombre que pueda perdonar a los asesinos de su pareja?

            En Colombia fue posible el acuerdo de paz porque la negociación del gobierno fue con los dirigentes de un solo grupo, las FARC. En México, los grupos criminales que han ensangrentado al país son varias decenas. ¿Cómo negociar con todos ellos? Quienes han hecho de delitos gravísimos su modus vivendi ¿se retirarán del negocio delictivo y se convertirán en buenos ciudadanos? A los líderes de las FARC se les ofrecieron escaños en el Congreso. ¿Qué se les ofrecería a los grandes criminales mexicanos? ¿Quedarían satisfechos sólo con la impunidad? ¿Aceptarían vivir de un trabajo honesto con un salario moderado?

            Olga Sánchez Cordero había dicho que la amnistía no sería para quienes hubieran cometido los delitos más graves. No es lo que dijo López Obrador el pasado martes en Ciudad Juárez. Pero si lo que se busca es simplemente sacar de prisión sólo a quienes han delinquido con drogas sin incurrir en otros delitos de crueldad extrema, el camino no es la amnistía, sino la despenalización. Entre una y otra hay una diferencia abismal.

            Con la despenalización de las drogas quedarían en libertad únicamente quienes han sembrado, cosechado, elaborado, transportado o vendido sustancias prohibidas, pero no quienes han cometido otras conductas delictivas. Esa medida no ofendería a nadie porque los delitos relacionados con tráfico de drogas en realidad no tienen víctima desde el punto de vista criminológico: los consumidores adquieren la droga voluntariamente, sin que nadie los coaccione para que lo hagan.

            “La amnistía aparece como una medida de carácter político, tendente a apaciguar los rencores y resentimientos inseparables de luchas sociales y políticas”, puntualiza Monique Lions en la Enciclopedia Jurídica Mexicana (UNAM y Porrúa). La amnistía que propugna López Obrador no está planteada para uno o varios grupos que hubiesen tomado las armas por motivos sociales o políticos.

            Mientras López Obrador pronunciaba su discurso en Ciudad Juárez, se escuchó varias veces el grito: “¡Castigo a los culpables!”. El hoy presidente electo prometió durante la campaña electoral que la amnistía estaría condicionada al resultado de la consulta que se haría a los deudos de las víctimas. ¿De verdad cree —de verdad alguien puede creer— que los allegados de los muertos pueden aceptar que se perdone a los victimarios?

Inadmisible

Tardó una eternidad, pero al fin El Vaticano, a iniciativa del papa Francisco, tomó la decisión de reformar el Catecismo para declarar que la pena de muerte es inadmisible pues atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona.

            La pena capital estuvo vigente en El Vaticano entre 1929 y 1969. El Catecismo la admitía “cuando fuera el único camino” aceptable para la protección del bien común. Siglos atrás, durante el Medioevo, la Santa Inquisición condenó a la hoguera a decenas de miles de herejes y brujas, aunque siempre se utilizó el eufemismo de que el Santo Tribunal no condenaba a muerte sino que entregaba al acusado al brazo secular. Así, la ejecución era llevada a cabo por la autoridad y conforme a las leyes del Estado.

            En realidad, la pena capital nunca ha sido el único camino aceptable para la protección del bien común. Está ampliamente demostrado que en muchos de los países donde no existe —los de la Unión Europea y Canadá, por ejemplo— la incidencia delictiva, incluyendo los delitos más graves, es muy baja.

            Para que la pena de muerte fuera disuasiva se requeriría que un individuo tentado a cometer uno de los delitos que se sancionan con esa pena, esto es, un delito terrible, desistiera de su propósito al pensar en ese castigo. En muchos casos eso no ocurre. Como advirtió Albert Camus: “Si el miedo a la muerte es, en efecto, una evidencia, también es evidente que ese miedo, por grande que sea, jamás ha podido abatir las pasiones humanas… La venganza, el amor, el honor, el dolor, otro miedo, terminan por dominarlo”.

            Desde luego que la pena de muerte, al suprimir físicamente a los delincuentes, los inhabilita para seguir delinquiendo ya que los muertos no suelen resucitar. Pero lo mismo logra la pena de prisión al segregar del resto de la sociedad a quienes han delinquido. A lo que debemos aspirar es a que los delincuentes, por lo menos los culpables de los delitos más crueles o perniciosos, sean castigados en un porcentaje aceptable. Si la pena que sufren es suficientemente larga, proporcional en su severidad al delito por el que se les condena, difícilmente volverán a delinquir.

            Un señalamiento más contra la pena capital debe producir escalofrío aun entre sus más fervientes partidarios: siempre es posible que se condene a un inocente. La condena a un inocente puede deberse a mala fe, por ejemplo tergiversación o fabricación fraudulenta de pruebas —lo que sería en todos los casos un abuso de poder imperdonable—, pero también a un error en la apreciación de los elementos probatorios. Esto último es lo que constituye estrictamente el error judicial. La posibilidad de equivocación siempre existirá por la sencilla razón de que los seres humanos, ¡ay!, somos falibles. Bastaría con que se acreditara un error judicial en una sola condena a muerte para que, ante la mera posibilidad de repetición, se aboliera la pena capital.

            Pero la razón más fuerte contra la pena de muerte es que contraría los valores más altos del proceso civilizatorio. No podemos comportarnos con el delincuente como él se comportó con las víctimas. Se trata de hacer justicia, no de emular la crueldad de los criminales. Fernando Savater sostiene que ninguna muerte es necesaria ni justificable, y que “quien legitima una muerte, legitima la muerte”.

            La vida, como la dignidad, es de respetarse siempre, aun tratándose del peor de los criminales. La pena de muerte quiebra la única solidaridad humana indiscutible, la solidaridad contra la muerte.

            Solidaridad contra la muerte desde la fragilidad y la brevedad de la vida; solidaridad contra la muerte porque nunca ha habido bandera o causa, por estúpida que sea, que no encuentre entusiastas que estén dispuestos a asesinar y a morir por ella; solidaridad contra la muerte porque ésta es para siempre, eterna e irrevocable; solidaridad contra la muerte porque la gran batalla de la especie humana ha sido a favor de la vida, de la prolongación de la vida; solidaridad contra la muerte porque su aplicación oficial no es sino una venganza inútil; solidaridad contra la muerte porque como castigo es absolutamente estéril; solidaridad ante la muerte porque la vida humana es sagrada.

¿La “verdad” o la verdad?

Será la Suprema Corte de Justicia la que determine si es aceptable que se forme una comisión de la verdad para reponer íntegramente las investigaciones de los hechos de la noche triste de Iguala, tal como lo dispuso el Primer Tribunal Colegiado del XIX Circuito radicado en Reynosa, Tamaulipas. La comisión estaría integrada por representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y le daría instrucciones al Ministerio Público.

            Si el Ministerio Público quedara constreñido a acatar tales instrucciones, tendría que ejercitar acción penal contra cualesquiera que le señalase esa comisión aun sin que se contase con pruebas que hicieran probable la responsabilidad de los señalados. Ante la ausencia de pruebas, el juez ante el que se consignara tendría que negar la orden de aprehensión, pues el artículo 16 de la Constitución exige que sólo se dicte tal orden si, además de los datos que establezcan que se ha cometido delito, “exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión”. Pero si el juzgador, por sentirse presionado, ordenara la captura e iniciara el proceso, se estarían violando gravemente los derechos humanos de los consignados.

            Los afectados por tamaña arbitrariedad, por supuesto, tendrían recursos para combatirla, pero seguramente no considerarían la opción de presentar la queja correspondiente ante la CNDH, pues ésta, conforme al fallo de marras, formaría parte de la comisión de la verdad, la misma que habría mandado al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal.

            El artículo 21 constitucional establece claramente que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público”. Pero, de acuerdo con la mencionada sentencia, en este caso el órgano encargado constitucionalmente de investigar los delitos quedaría relevado de esa función porque, dice el veredicto, “lamentablemente no contamos con una fiscalía independiente”.

            Con la misma lógica tendría que decirse que ciertos jueces y magistrados debieran abstenerse de dictar sentencias porque lamentablemente no proceden con independencia de criterio sino movidos por ciertas posturas políticas, además de que no están debidamente capacitados para administrar justicia y actúan con una ligereza sorprendente. ¿Deberían quedar sin efecto los fallos de tales juzgadores?

            Dado que la resolución comentada ordena que se reponga íntegramente la investigación, de donde se desprende que nada de lo actuado hasta ahora sería válido, ¿tendrían que quedar en libertad los más de 120 procesados a pesar de las evidencias sólidas que hay en el expediente?

            En todas las materias, pero sobre todo en materia penal, por lo que está en juego en cada asunto, los jueces y magistrados tienen una responsabilidad delicadísima. Jamás debieran proceder por frivolidad, servidumbre ideológica o afán de conquistar el aplauso de determinado sector de la opinión pública. Su deber es resolver invariablemente con sustento en las pruebas y conforme a derecho. De ellos no debemos esperar espectacularidad ni cálculo político sino sobriedad honesta para cumplir su importantísima función.

            ¿Es deficiente la indagatoria de la Procuraduría General de la República (PGR)? El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) objetó, contra la opinión de prestigiados expertos, que se hubiese producido un incendio en el que se calcinaron los cuerpos de las víctimas, pero no ofreció una hipótesis alternativa a la versión oficial, que en lo sustancial sostuvo que los estudiantes fueron entregados por policías municipales al grupo Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado.

            En todo caso, el nuevo fiscal, próximo a ser designado, podría enmendar las fallas e insuficiencias de la investigación realizada. Lo que resultaría absurdo es: a) que el asunto se dejara en manos no de expertos investigadores, sino de unos representantes de las víctimas que de lo que menos han dado muestra es de objetividad, los cuales, realizaran como realizaran su tarea, ostentarían el título de “comisión de la verdad”, aunque “la verdad” la acomodaran a sus intereses estratégicos, y b) que el ombudsman, desnaturalizándose su esencia, formara parte de esa comisión.

¿Sin el uso de la fuerza?

No es lo mismo ser candidato que ser presidente. George Orwell advirtió: “El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verdaderas… para dar apariencia de solidez a lo que es puro viento”.

            Numerosas ong’s y el propio Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU han censurado acremente que el gobierno de la República haya echado mano de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública que no son de su competencia, y no han sido infrecuentes las quejas por abusos perpetrados por militares al desempeñarlas. Sumarse a esas descalificaciones redituaba políticamente.

            Así que el candidato Andrés Manuel López Obrador fustigó en varias ocasiones la estrategia seguida por los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto en el combate al crimen organizado: no se resuelve nada, sentenció, con la intervención del Ejército y la Marina. El problema de la violencia y la criminalidad se resolvería “sin el uso de la fuerza” (sic), exclusivamente con medidas de justicia social. Aplausos del respetable.

            En cambio —segundo acto—, el presidente electo, el mismísimo Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que es necesario utilizar a las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de los mexicanos, y que él, al asumir la Presidencia, lo seguirá haciendo no sólo en el corto sino también en el mediano plazo, cuya duración —añado yo— es incierta.

            No se puede hacer a un lado al Ejército y la Marina —aseveró— sencillamente porque no hay más opciones para lograr la paz y la tranquilidad en el país. “Sería irresponsable de mi parte decir que regresen los soldados y los marinos a sus cuarteles y dejar a la gente en estado de indefensión, sin alternativas”.

            ¡Claro que hay que tomar medidas de justicia social! Y no sólo para prevenir la delincuencia, sino porque ésa es una obligación de los gobiernos federal y de las entidades federativas y de todo gobierno en cualquier parte del mundo. Urge terminar ya con la pobreza extrema y ofrecer horizontes promisorios a los jóvenes que llegan a la edad de trabajar. Ésa es una asignatura pendiente en el país desde hace más de 200 años.

            Eso no se consigue creando 100 universidades de calidad dudosa a las que se accedería sin examen de admisión. No se trata de que cada mexicano tenga un título profesional aunque carezca de empleo. Lo que hay que hacer es, entre otras cosas, mejorar sustancialmente nuestra hoy deplorable calidad de educación básica —lo que por supuesto no se logrará cancelando la Reforma Educativa, sino profundizándola—, capacitar a los jóvenes para ingresar al mercado laboral, generar empleos suficientes y cerrar las abismales brechas entre el sur y el resto del territorio nacional.

            Pero ahora mismo lo que es urgentísimo es recuperar la seguridad perdida. La amnistía propuesta sería una vergonzosa claudicación del Estado que agudizaría el ya espeluznante problema de la criminalidad desbordada e impune que hoy azota a varias regiones del país. Un día López Obrador amaneció con esa ocurrencia y la hizo parte de su programa de gobierno. También en este punto, como en tantos otros, debe rectificar.

            La seguridad que requerimos exige a la brevedad posible policías y ministerios públicos altamente profesionales. Esa meta, tan apremiante, no figura entre las numerosas promesas del presidente electo, ni ha sido un objetivo para cuya consecución hayan trabajado seriamente los gobiernos federal y locales.

            Nuestras instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia no tienen la capacidad para enfrentar con éxito ya no digamos a la delincuencia organizada, sino ni siquiera a la criminalidad más desorganizada. Es inaplazable capacitar en serio a sus integrantes, dotarlos de los recursos óptimos y otorgarles salarios y prestaciones laborales adecuados a la importantísima tarea que desempeñan. Un Estado incapaz de ejercer el monopolio de la violencia, de recuperar los territorios bajo control de los criminales, de castigar un porcentaje aceptable de los delitos más dañinos, es un Estado erosionado.

            No podemos resignarnos. “Lo que se llama resignación —dictaminó el poeta y filósofo estadunidense Henry David Thoreau— es la desesperación confirmada”.

Admiración por el derrotado

En cuanto tuvo noticia de que la tendencia de la votación era irreversible, José Antonio Meade reconoció que Andrés Manuel López Obrador había triunfado y le deseó éxito por el bien del país, actitud que el ahora triunfador no tuvo en ninguna de sus derrotas anteriores, tras las que denunció, sin pruebas, que había sido víctima de fraude, e incluso en una ocasión bloqueó como protesta Paseo de la Reforma. Admitir la victoria del adversario en las urnas es actitud propia de un demócrata.

            Después, tanto Ricardo Anaya como Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, seguramente orillados por la actitud de Meade, hicieron el mismo reconocimiento, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral aún no daba a conocer cifras. No hacía falta. La victoria de López Obrador era indudable. Sigue leyendo →

Comisión de la verdad

Nadie puede poner en duda que el crimen de la noche triste de Iguala es uno de los más crueles y repugnantes de la historia del país, aun cuando, lamentablemente, no han escaseado en nuestra historia otras atrocidades monstruosas.

            Todos los esfuerzos por seguir descubriendo los detalles de lo que sucedió aquella noche están plenamente justificados, pero una cosa es buscar la verdad a través de las evidencias y otra, muy distinta, influir para acomodar “la verdad” a determinados intereses o a una visión prejuiciada de los hechos. La verdad se modifica con el hallazgo de nuevas pruebas; el acomodo de “la verdad” cambia de acuerdo con los intereses estratégicos. Sigue leyendo →

Mujeres en el futbol

En sólo seis días creó todo lo existente: la luz y las sombras, el cielo, los mares y los ríos, los bosques, las selvas y los desiertos, los animales y los humanos. Falso que se haya tomado el séptimo día para descansar: todopoderoso, Dios, sin duda, es incansable. El séptimo día se dedicó a admirar su portentosa obra, a recrearse en ella y a adicionar a su creación lo único que le faltaba: el futbol, ese deporte que seduce a todas las naciones, despierta pasiones intensísimas y hace soñar, sufrir y gozar como sólo los grandes amores pueden hacerlo.

            El futbol no es, como pretenden ciertos intelectuales incapaces de comprender su encanto y nostálgicos de los dogmas de la izquierda más pedestre, el opio del pueblo, sino la frágil alternativa a la tragedia griega, el reto al destino que obliga a salir airoso aquí y ahora —no hay mañana en cada partido— contra los adversarios, las irrepetibles circunstancias y el impredecible azar. Sigue leyendo →

¿Vil venganza?

Mientras leía la encolerizada declaración de Andrés Manuel López Obrador acusando al Instituto Nacional Electoral (INE) de “vil venganza” en su contra al imponerle a Morena una sanción económica por el fraude perpetrado con el fideicomiso para los damnificados por el sismo de 19 de septiembre de 2017, pensé en los intelectuales que señalaban que si resultaba triunfante sus desplantes de autoritarismo y sectarismo desaparecerían o, al menos, se moderarían, una vez pasada la elección: el presidente no podía cometer los agravios verbales descalificatorios de las instituciones y de sus adversarios políticos que en el candidato eran sólo retórica efectista.

            El autoritarismo sectario se obsesiona en que sus postulados se realicen a como dé lugar, estratégicamente vitupera a quienes no los comparten y usa las instituciones en la medida en que puedan resultar útiles a sus prejuicios ideológicos y a sus huestes, pero si no les sirven para ese fin, deben ser denostadas, desprestigiadas, y al cabo, cuando el autoritarismo sectario alcanza el poder, inutilizadas y reestructuradas a fin de ponerlas a su servicio. Así lo hizo Hugo Chávez y así lo hace Nicolás Maduro en Venezuela. Casi nadie puso suficiente atención a las injurias del hoy virtual presidente electo contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia, varias de cuyas resoluciones han significado importantes avances en derechos humanos, a quienes calificó una y otra vez de maiceados. Sigue leyendo →

Verte de nuevo

No hay día que no te recuerde y no desee con toda el alma verte de nuevo. Me gustaría que conversáramos largamente sobre todas las cosas que se nos antojara, bebiendo una botella de whisky o de vodka bien helado, o unas de esas cubas con mucho limón y hielo que tanto gozabas

            Ya muy tarde me di cuenta de que no nos dimos tiempo suficiente para charlar, conocernos mejor, contarnos secretos, compartir inquietudes y sueños. No obstante, nos transmitíamos incesantemente, sin decírnoslo nunca, una mutua corriente de afecto. Cómo me entusiasmaría que pudieras de vez en cuando obtener permiso para regresar aunque fuera un solo día. O una noche, preferentemente una noche de viernes, para desvelarme contigo hasta muy tarde, hasta que el sueño me venciera, sin la preocupación de tener que levantarme temprano a la mañana siguiente. Sigue leyendo →

¿Nadie recuerda Tláhuac?

Parece que nadie se acuerda, quizá porque las víctimas fueron agentes policiacos, es decir, pertenecían a uno de los segmentos de la población más despreciados y humillados en nuestra sociedad.

            En noviembre de 2004, tres jóvenes agentes de la Policía Federal Preventiva realizaban una investigación en San Juan Ixtayopan, Tláhuac. El día 23 fueron interceptados y retenidos por cuatro individuos. Simultáneamente, se propaló el rumor de que eran robachicos, no obstante que en la delegación no se había presentado una sola denuncia de niño robado. En unos instantes, una multitud los estaba rodeando, pero los golpes se iniciaron sólo después de que se revisaron y filmaron las credenciales que acreditaban a los detenidos como agentes policiales. Entre la turba había elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, que se limitaron a observar. Sigue leyendo →

El incorruptible

Su principal bandera es el discurso contra la corrupción. Él barrerá con enérgica escoba la sucia escalera de arriba abajo, es decir, pondrá el ejemplo de conducta virtuosa, y eso bastará para que todos los servidores públicos observen, asimismo, un comportamiento impecable

            El ahorro obtenido por la abolición de las corruptelas será suficiente para generar las condiciones que permitirán, entre otras cosas, un mayor progreso económico del país, la superación de la pobreza y el pago a los jóvenes que ahora no trabajan ni estudian, quienes tendrán acceso universal a la universidad y capacitación laboral remunerada. Sigue leyendo →